La protesta universitaria se trasladó a Tribunales con clases públicas y paro docente
La disputa entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema sumó un nuevo capítulo con una masiva movilización frente al Palacio de Tribunales. Estudiantes, docentes y autoridades académicas se concentraron en Plaza Lavalle para exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga y garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante la jornada, profesores de distintas casas de estudio —como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional Arturo Jauretche— dictaron clases públicas en la plaza, abordando contenidos de diversas disciplinas como forma de visibilizar el conflicto.
La ley en cuestión, aprobada por el Congreso en 2024, fue vetada por el presidente Javier Milei, pese a haber sido posteriormente ratificada por el Parlamento en 2025. Ante la negativa del Ejecutivo a aplicarla, el reclamo escaló hasta la Corte Suprema, que ahora aparece como la última instancia para destrabar la situación.
La protesta, que se desarrolló bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, se enmarca en una serie de movilizaciones federales que el sector universitario viene impulsando en defensa del presupuesto educativo. La convocatoria fue acompañada por gremios docentes y por el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores de todo el país.
La Ley de Financiamiento Universitario declara la emergencia presupuestaria del sector y establece mecanismos de actualización automática de partidas según la inflación, además de garantizar fondos mínimos para el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, el Gobierno argumentó que su implementación es incompatible con la meta de déficit cero.
En paralelo, el deterioro presupuestario —estimado en una caída real cercana al 45%— motivó la presentación de nuevas iniciativas legislativas en 2025, que buscan recomponer salarios, actualizar becas y asegurar recursos para áreas clave como la investigación, la extensión y los hospitales universitarios.
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