Un ex concejal de Cambiemos fue condenado por participar de una red de prostitución

El empresario Miguel Ángel Calvete fue sentenciado por el Tribunal Oral Criminal N°8, junto a su hermano y un empleado del Consejo de la Magistratura porteño.

06/06/2019
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El ex concejal Miguel Ángel Calvete fue sentenciado a cuatro años de prisión por “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena”, en el marco de una causa que analizó hechos ocurridos entre junio de 2015 y diciembre de 2016 y cuyo proceso judicial.

La causa tuvo su origen en una investigación preliminar de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la División Trata de Prefectura Naval Argentina.

Para el Tribunal Oral Criminal N° 8 quedó comprobado que, al menos entre el 26 de junio 2015 y el 6 de diciembre del 2016, los imputados conformaron una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en Capital Federal, donde les "permitían vivir y ejercer la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas".

En el caso se demostró que para uno de los departamentos implicados las condiciones del contrato de locación preveían aumentos mensuales que anualizados ascendían al 180 por ciento del monto locativo original. Junto con ello, una cláusula específica preveía un 10 % mensual de comisión inmobiliaria.

En cuanto al otro inmueble, quedó acreditado que había sido adquirido a través de un fideicomiso en el cual figuraba como beneficiaria la ex esposa de uno de los acusados. Una tercera vivienda figuraba a nombre de la sociedad “Sullfox Trade SA”, de la cual Miguel Ángel Calvete era representante legal.

"La actividad delictiva que desplegaban consistía, en definitiva, en aprovechar el estado de vulnerabilidad de quienes se prostituían exigiéndoles pagos exhorbitantes para el uso de los distintos inmuebles familiares que poseían los Calvete y de otros alquilados, que eran ocupados no por una, sino por varias mujeres que debían hacer frente a esos pagos", aseguró la fiscal Maria Luz Castany en su exposición.

Finalmente, el tribunal ordenó el decomiso de dos inmuebles utilizados como lugar de explotación y la prohibición de salida del país de los condenados.