La Justicia embargó por ocho millones a Jorge Macri

La medida fue firmada por jueza federal de San Isidro y ex esposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero en el marco de la compra de un departamento no declarado en Miami.

25/10/2017
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El intendente de Vicente López, que el domingo arrasó en las elecciones con la obtención de más del 60% de los votos, recibió este martes una noticia que viene a embarrar el buen pasar del partido político al que pertenece.

Es que, a través de la medida preventiva solicitada por el fiscal federal Matias Di Lello y firmada por la jueza federal de San Isidro, se investiga una maniobra presuntamente fraudulenta que se habría realizado a través de una empresa montada en la mencionada ciudad estadounidense, la cual recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers.

Según precisó en su momento Página 12, la maniobra fue identificada el 18 de julio de 2012 cuando la AFIP verificó la participación de Jorge Macri en la firma Icon Unit 1704 LLC. Y fue denunciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En el acta consta que la sociedad constituida en Miami un mes antes de la operación en cuestión con un capital de 10 mil dólares, adquirió un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174 por una suma equivalente a 1.489.200 pesos (403.000 dólares a la cotización de 3,70 pesos por unidad vigente en aquel momento).

En ese momento, la autoridad tributaria solicitó a Jorge Macri, y a su esposa Florencia Nardi, que explique la operación y el jefe comunal justificó el origen de los fondos para la compra del departamento con la recepción de dos préstamos.

La respuesta de Jorge Macri

Hasta el momento, Jorge Macri no fue indagado y las autoridades de Estados Unidos, por su parte, tampoco respondieron los exhortos de información vinculados a las empresas involucradas.

Sin embargo, como era de esperarse, los abogados del primo del Presidente apelaron la medida y presentaron ante el tribunal de San Isidro un seguro de caución.

El instrumento contratado a la filial local de la aseguradora multinacional Chubb le permite al mandatario comunal ofrecer una garantía de pago evitando el embargo efectivo (o inhibición) de sus bienes mientras espera que la causa iniciada el año pasado finalice.


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