La CIDH evaluará si Macri vulnera derechos humanos de los trabajadores

Así lo señaló el presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, con respecto a la denuncia realizada por varias instituciones gramiales y de derechos humanos ante la CIDH, que serán consideradas en audiencia pública el próximo 24 de octubre en Montevideo.

27/09/2017
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SN Online

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En una entrevista concedida a SN Online, Cremonte informó que la CIDH abordará en su próxima reunión a celebrarse en Uruguay, la denuncia sobre la vulneración de los Derechos Humanos en el mundo del trabajo, presentada por la AAL, junto al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos. 

"Lo grave es que más allá del ataque puntual a los abogados a los jueces y a los sindicatos, se esconde un ataque a los trabajadores, es decir, golpear a toda la representación, a toda la intermediación entre los trabajadores y los empleadores, para dejarlos, de algún modo, desguarnecidos para avanzar en reformas laborales de hecho o formales", expresó el abogado laboralista.      

De acuerdo al letrado, la denuncia es una respuesta a los "ataques del Gobierno del presidente Macri", quien, entre otras cosas, calificó de "mafiosos" a los abogados laboralistas, los jueces que han fallado a favor de los trabajadores y a los gremialistas que defienden los derechos de los trabajadores. 

"Se presentaron una serie de denuncias internacionales, una de ellas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", contó Cremonte, quien además añadió que la presentación fue acompañada de "un pedido de audiencia en concreto" que finalmente se llevará a cabo el 24 de octubre, donde las partes citadas fundamentarán sus posiciones.  

La Asociación había denunciado que los ataques del gobierno de Macri a los abogados y a la justicia laboral estaban destinado a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo” y enfatizó que se trataba de maniobras que “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”. 

Según informó la entidad, los temas más preocupantes sobre los que tendrá que responder el Estado Argentino son: "Los pedidos de juicio político a cinco jueces laborales realizados por el Gobierno, por el contenido de sus sentencias, los ataques a los abogados laboralistas como forma de obstaculizar el acceso a la justicia, las intervenciones a los sindicatos, y la criminalización de la acción colectiva".