Empresario denarvaísta acusa al Municipio de utilizar maniobras “sucias”

Carlos Casero aduce que desde que lanzó su precandidatura para concejal por el espacio de Francisco De Narváez debió sufrir el acoso de los inspectores municipales, que le reclama un millón de pesos en concepto de habilitaciones. Cerraría una clínica al no poder afrontar los gastos.

18/06/2013
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FUENTE

La Tercera

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Casero es dueño de un centro de salud y de un local bailable. Según denuncia, tras postularse como concejal por el denarvaísmo la Municipalidad de Ezeiza inspeccionó sus locales y puso en riesgo la continuidad laboral de los trabajadores de uno de ellos, a causa de una deuda impositiva de casi 1 millón de pesos.

Según aseveró el dueño de la clínica privada de Tristán Suárez, se trata de una maniobra oficial en el marco de la ‘campaña sucia’ de cara a las legislativas. El boliche bailable pasó con éxito la inspección y funciona en regla, pero el sanatorio no. “Hace 20 años mi padre realizó algunas ampliaciones y no presentó el plano ni pagó los derechos. Eso es cierto”, reconoció el empresario.

Tras las inspecciones y la intimación por la deuda impositiva, alrededor de 50 empleados de la clínica se manifestaron frente a la Municipalidad para pedir que se dé marcha atrás con el reclamo y defender sus fuentes laborales.

“Como candidato, comprendo que la Municipalidad necesite de los aportes de los contribuyentes para una buena administración”, señaló Casero, pero reveló que “mi papá dos años de morir -o suicidarse, mejor dicho-, le pidió al intendente más de diez veces una entrevista para regularizar y jamás lo atendió”.

Y Continuó: “El día del velatorio envió una corona que decía ‘familia Granados presente’. Gracias Alejandro, pero él quería cinco minutos de tu tiempo”.

Según precisó el empresario, tras una inspección la Municipalidad “me solicitó que construya una torre de ascensor y rampas de escape en todos los pisos del edificio. Mientras construía, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 2557/11 y la renovación de la habilitación, que antes costaba 23 pesos por metro cuadrado, pasó a 2100”. “Cuando pedí la liquidación, eran 986 mil pesos”, indicó.

“Hace veinte días me notifican que tenía que volver a pagar el canon por la habilitación de la confitería (boliche). Pagamos y está todo en regla, pero no me cabe duda de que, aprovechando la situación de la campaña, armó esta estrategia”, elucubró Casero.


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