María Isabel Quintana, en una marcha organizada por los farmacéuticos.
María Isabel Quintana, en una marcha organizada por los farmacéuticos.

Acusan a Mario Quintana de utilizar su vínculo con la Corte por el caso Farmacity

Así lo señaló la presidenta del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, María Isabel Reinoso, quien además, denunció que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, intenta forzar la modificación de una Ley, a través de la Corte.

12/10/2017
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SN Online

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"A nosotros nos preocupa como ciudadanos, ya no como farmacéuticos, que Mario Quintana no debata una Ley en el Congreso como se hace habitualmente y, en cambio, utilice sus contactos en la Corte, para lograr una medida a favor de sus intereses personales", explicó María Isabel Reinoso en declaraciones a SN Online.

Según el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, a partir de la promulgación de la Ley 10.606 en el año 1987, los medicamentos son considerados un bien social y no de mercado. En consecuencia, las farmacias están calificadas como "un servicio público" que debe estar a disposición de la población.

De esta forma, grupos financieros como Farmacity, encuentran límites para ingresar al mercado , ya que la norma exige que los dueños formales de las empresas sean farmacéuticos o sociedades en las que uno de los titulares, al menos, sea un profesional. Por otra parte, se exige también que haya farmacias en todo el territorio, incluso en algunos pueblos que resultan menos rentables que las grandes ciudades.

El rumor, en el mundo del mercado farmacéutico, explicó a este medio Daniel Marcelo Palavecino, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, es que la empresa perteneciente al funcionario, estaría a punto de venderse a capitales extranjeros. Pero para hacerlo, "necesita ingresar en el mercado, sin límites legales, porque los capitales interesados son mucho más agresivos, y no quieren cumplir con las normas actuales". "De hecho, han cambiado el formato de la venta de medicamentos en el mundo, como sucede en Chile o Colombia, donde muchas veces para conseguir un remedio hay que recorrer veinte o treinta kilómetros", explicó el dirigente cordobés.

En el 2012, Farmacity comenzó un derrotero judicial que comenzó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, planteando que la Ley es inconstitucional. Desde ese momento, y por pedido de la Fiscalía de la Provincia, el Colegio de Farmacéuticos, en representación de sus 7600 matriculados, participó en el desarrollo completo del expediente, aportando pruebas en la causa, y consiguiendo en todas las instancias, incluida la Corte provincial, que rechazaran los argumentos de la empresa.

"No se trata de beneficiar a un sector, sino de favorecer el acceso de los medicamentos al menor precio posible a la población, es un tema de salud pública", afirmó Reinoso. "Todos los jueces dicen que la Ley 10606 es constitucional, está en plena vigencia y si Farmacity u otra empresa quiere instalarse, tiene que hacerlo cumpliendo con ella como la cumplen las 4500 farmacias que están instaladas", aseguró.

Cuando los representantes jurídicos de Farmacity, pertenecientes al estudio Bauzat, Rosenkrantz & Asociados encontraron cerradas las puertas de la justicia provincial, intentaron que el conflicto pasara a la esfera Federal, o sea, "discutir esto en la Nación", pero "la Corte de la provincia no les dio lugar, porque lo que incumbe al mundo de las profesiones, no es algo delegado a la Nación, hay que discutirlo en las provincias", explicó la Reinoso.

Pero según informaron los farmacéuticos, con la venia de Carlos Rosenkrantz, en su doble rol de representante jurídico del grupo y como integrante de la Corte Suprema, Quintana abrió una posibilidad en el supremo tribunal de la Nación, con la presentación de un Recurso de Queja, que fue aceptado por los supremos.

"En las primeras fojas del expediente está el poder que Mario Quintana le da a Rosenkrantz y otros abogados del estudio, no lo suponemos sino que está documentado. Las primeras presentaciones están todas firmadas por el vicejefe de Gabinete salvo esta última que seguramente no la ha firmado porque cuando vino en queja, ya era funcionario del gobierno", explicó Reinoso.


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